Manual de pequeñas creencias y cavilaciones

(no apto para lo que necesitan ver las cosas en blanco y negro) ¿Si soy de derecha? No porque pienso que el capitalismo es irracional, injusto e inmoral tanto en su esencia propulsora, la codicia, como en sus consecuencias catastróficas, la pobreza, las hambrunas y la destrucción de la naturaleza. ¿Si soy liberal? Si porque creo en el ser humano como verdadero factor del cambio, en el individuo, en cada uno asociándose libremente por las causas justas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Si creo en el Estado? Más o menos, y cada vez menos que más. A través de la historia y de la propia experiencia siempre vi entre nosotros a los que se abusan por ser mayoría circunstancial y se olvidan de que la ley es igual para todos especialmente si están en el poder. Me rebela lo absurdo de querer imponer una verdad por medio de la fuerza bruta, o por el número resultante de la “matemática política”. ¿Si creo en la democracia? Claro que si, al menos hasta que se nos ocurra una manera más eficaz que el diálogo para resolver los problemas de manera pacífica y perdurable. ¿Si creo en los líderes? Poco y nada. Más que nada desconfío. Casi siempre terminan anulando a las personas y se los ve disfrutar con frecuencia mientras atentan contra la inteligencia colectiva. ¿Si creo en la libertad? Es lo único en lo que no puedo dejar de creer (no me rompan los huevos). ¿Si soy de izquierda? No porque crea en la dictadura de ningún tipo, ni de la élite ni del proletario. Si porque creo en el sentido comunitario de la vida social, en la convivencia humana generadora de felicidades comunes y bienestar. Y porque el sentimiento de solidaridad y sus acciones consecuentes están salvando al mundo como bien señaló Borges. ¿Si creo en la política? No cuando es para declarar una guerra o para robar. Si, si logra establecer los consensos mínimos para establecer el progreso humano de una comunidad cualquiera. ¿Si creo en los honestos? Tanto que si de vez en cuando odio algo siempre es un corrupto. ¿Si creo en la Justicia? No si es divina; Si cuando da a cada uno lo que corresponde. ¿Si creo en el matrimonio? Hago uso de mi derecho a no responder. ¿Si creo en las Garantías Constitucionales? Sí, claro, me acaban de dar derecho a no responder. ¿Si Creo en la Constitución? Si, pero cuando hagamos una muy elemental que garantice los mismos derechos y obligaciones para todos los hombres y mujeres del planeta. ¿Si creo en los diarios? La pregunta también es retórica porque ¿que o quiénes son “los diarios”? ¿La mierda de Clarín y la mierda en que trasformaron Página 12, o la lucha osada y valerosa de los Froilanes que hacen el Ecos de Punilla por todo el mundo y contra cualquier tipo de tiranía? ¿Si creo en los periodistas? Si en aquellos aunque pueden cambiar de ideas como humana consecuencia del debate; Nunca en los que cambian abandonando los nobles principios que inspiran el oficio. ¿Si creo en la verdad? Creo que no existe, que es un sueño permanente que tenemos y nos mueve. Pero respeto aquellas personas que en su búsqueda no se apartan de la honestidad. Sobre una verdad podemos discutir, tanto que es necesario a nuestra evolución y subsistencia discutir en cada tiempo las verdades del momento. Pero sobre cómo caminar hacia la verdad ya no siento que valga la pena discutir. El medio ES el fin porque la verdad, por su carácter de inalcanzable, sólo permite expresarnos (y ser visualizados por el otro) en la forma en que uno va, en los medios que se emplean para ir. ¿Si creo en Argentina? Si, como en una mujer hermosa e irresistrible que sin embargo te envenena a cada beso, con cada abrazo. ¿Si soy Argentino? Si, porque allí nací y allí pienso morir bajo la sombra blanca de la Cruz del Sur, junto a mis hermanos de historia. No, porque los nacionalismos los siento cada vez más absurdos y lejanos y ser argentino o chino no hacen a la esencia vivificadora del hombre. Hay buena gente en todo el mundo pude ver. E hijos de puta por doquier. ¿Si creo en los derechos humanos? ¿Y de qué carajo estamos hablando ahora? Aclaro que no creo en los hijos de puta ni en los boludos, pero reconozco que esa alianza milenaria sigue gobernando. ¿Si creo en el amor? Eso es claro, sigo escribiendo. PD: Me despertaron estas líneas a la distancia mi admiración por “Los Amigos del Museo Ambato”. Son parte de aquellas personas que se ignoran entre si pero están salvando al mundo, como bien señaló Jorge Luis Borges mucho antes de la existencia de internet, gracias a la cual podemos reconocernos un poco más fácilmente.

Click, se nos fue Ricardo Sisti

Nunca tuve dificultad para iniciar las crónicas periodísticas que siempre siento la necesidad de escribir y que alguno termina por ahí leyendo. No es que las considere buenas ni malas, pero tienen la ventaja de que terminan impresas en alguna publicación siempre valiente como ahora en el Ecos, donde tantas personas las conservan por tiempos indeterminados o que se conservan a pesar de las personas y finalmente están allí, impresas e invitando a la lectura. Ahora que quiero evocar con algunas palabras a Ricardo Sisti, nuestro Se Lui, sucede que debo dar esta vuelta retórica para empezar a recordarlo. Y es que cuando me dio de lleno la noticia de su ausencia física definitiva inicié un involuntario viaje hasta épocas remotas de mi vida, cuando empezamos con un gigantesco grupo de amigos a publicar las primeras mentiras verdaderas desde la revista El Quid, allá por junio de 1983. Desde siempre, desde el inicio de mi tormentosa vida periodística Ricardo estuvo allí, capturando las imágenes que darían una fuerza adicional a nuestros informes, crónicas y denuncias periodísticas. Decenas, cientos de notas con sus fotografías; tapas de revistas que resultaron históricas, como aquella de El Q

uid de 1987, cuando metidos en medio de las manifestaciones de Semana Santa contra los alzamientos militares carapintadas que acechaban la incipiente democracia, fue Se Lui el único que captó el instante exacto en que el entonces gobernador Eduardo César Angeloz tomó de la mano al jefe de la opocisión José Manuel De la Sota y alzó los brazos y clikc, ahora o nunca aunque vinieran empujando. O aquella foto a color que con una extrañísima máquina para sacar en diapositiva hizo de una representación que varios de los integrante de equipo de la revista hicimos frente a las escaleras del Colegio Comercial. Queríamos representar jóvenes universitarios porque se había anunciado que una extensión de la U.N.C. se asentaría en La Falda. Si no me falla la memoria, creo que entre otros jóvenes de la época en esa tapa está también el actual intendente Cacho Arduh. O las centenas de fotos que hacíamos del Hotel Edén en ruinas. “Hacíamos” digo porque lo acompañaba y en todo caso le tenía su caja/cartera donde llevaba siempre pegado a su cuerpo su cámara y las lentes. Tuve la fortuna de trabajar con él no sólo en función periodística; compartimos dos muestras fotográficas, él con magníficas fotografías que me permitió acompañar con breves textos. Recuerdo dos viejos gauchos montados con sus sombreros y espuelas a una moto gigante, creo que una Honda de 1000 cc. Y otra donde estaba fumando recostado en una cama que estaba en medio de la calle. Y recuerdo esas y tantas imágenes pero no los textos. Ahí están los clicks de Ricardo en mi vida. Era algo surrealista Se Lui; las imágenes se le fijabam primero en su mente y después salía a cazarlas. Lo he visto andar meses detrás de una sola. En el bar Ugolino expuso durante meses su muestra sobre el lastimoso abandono de los ferrocarriles en Cruz del Eje. Fue lo último que compartimos. Conocí la misteriosa sala de revelados fotográficos que tenía en un pequeño cuarto de su casa donde podíamos pasar horas planificando notas. Ricardo no sólo hacía click desde su máquina, también participaba en toda la discusión previa de los argumentos. Era uno más de nosotros queriendo difundir algo que valiera la pena o queriendo denunciar una injusticia doliente. Por eso para mí no fue sólo un fotógrafo con ojo artistico y sensible sino además un cronista gráfico instintivo, animal. Fue uno de los tipos más pacíficos que conocí en mi vida, uno de esos que se puede decir sin temor a equivocarse que era más bueno que el Quaker. Y fue también un tipo con pelotas que puso su cuota de coraje en ciertas situaciones a las que te lleva a veces el oficio periodístico. Decir de una persona que fue honrada no es para mi un dato menor o formal. Ricardo Sisti fue un tipo honesto. Lo digo con orgullo de amigo. Cuando con la inconsciencia que nos caracterizaba decidimos que debíamos dar un paso adelante y hacer El Quid para toda la provincia nos vimos obligados a trasladarnos a la ciudad de Córdoba. Todos los que pudieran acompañar eran bienvenidos. Ricardo se vino y se trajo su moto Siambretta con la que se movilizaba. La pintamos a nueva, le hicimos una montadura para su caja de herramientas fotográficas y le inscribimos con pretensión y descaro en letra roja “Revista El Quid – Móvil Uno”. Montado a esa maravilla mecánica surcamos durante casi dos años las calles y avenidas de Córdoba buscando las crónicas y las imágenes para representarlas. Aquí en un pequeño y antigüo pueblito del Abruzzo italiano, a quince mil kilómetros de distancia, se conservan unas costumbres ancentrales que impactan. Por ejemplo en dos o tres muros del centro, cerca de la Municipalidad y de la Iglesia, la gente pega manifestos con el nombre y la foto de la persona que ha muerto. Sólo agregan la fecha de nacimiento y la de la muerte reciente. Es muy curioso y golpea llegar a estos pueblitos de montaña y ver estos afiches con los rostros de los que acaban de morir. Esta para nosotros curiosa costumbre podríamos relacionarla con la más conocida de publicar los anuncios fúnebres en los diarios. En los muros como en los diarios uno ve rostros de personas desconocidas que posiblemente por primera vez son noticia. Todo lo que han hecho en vida pareció haber sido parte de una normalidad tal que no meritaba ser publicada, difundida, comentada abiertamente. Todo menos morir. La muerte sigue siendo entre nosotros la noticia más importante que tenemos para dar de una persona. Es como el acontecimiento único e irrepetible al que estamos condenados. Su emulación podría ser el instante fotográfico, ni un segundo antes, ni un segundo después. Click. Se Lui. Click. Al amigo Ricardo, los que van a morir te saludan.

Mario Decara y su costumbre de comprar propiedades sin querer pagarlas

El empresario Franco Runca y su litigio por la Estancia Alto San Pedro, donde se desnuda el “modus operandi” del Defensor del Pueblo de Córdoba. La loca historia de “corruptos malos” y “corruptos patriotas”.

Había un tiempo en que la política era una actividad de honor, adonde se llegaba con ideas claras y vocación de servicio. Hombres pre claros que podían terminar perdiendo sus propiedades y en la pobreza después de haber servido al país. Sabemos, además, que la cosa no es tan lineal respecto a lo que fue y lo que es, toda vez que en el pasado también siempre existió la corrupción y en el presente existen muchas personas, de diversos sectores, que trabajan honestamente por la comunidad. Pero desde hace un par de décadas, especialmente desde el menemismo de los años 90, la corrupción política se ha extendido como una mancha que a ciertas alturas del poder político parece abarcar a todos o a casi todos. Ahora, en este presente político, la corrupción se ha hecho endémica y hasta encuentra curiosas justificaciones en las cumbres del poder, donde los intelectuales del kirchnerismo hacen la curiosa distinción entre quienes habrían robado vendiendo el país a las corporaciones (o sea los corruptos malos) y quienes aparentemente han sido casi impulsados por las circunstancias a corromperse para hacerse fuertes económicamente y así enfrentar patrióticamente a esos poderes (o sea los corruptos buenos). Este es un razonamiento de por sí absurdo, porque cuando se roba desde la función pública se le roba, siempre, al conjunto de la sociedad. Pero es además un razonamiento hipócrita de los políticos oficialistas de hoy, que en su casi totalidad y desde lo más alto fueron cómplices y partícipes necesarios del latrocinio menemista del que formaron parte activa.
Con el caso del Defensor del Pueblo Mario Decara parece confirmarse esta obsesión patológica de la mayor parte de nuestros políticos gobernantes por apropiarse de lo ajeno, por hacerse de cada vez más y más propiedades y, en todos los casos, con una condición intrínseca al negocio próspero inmobiliario que desarrollan, esto es, no pagando con dinero propio lo que se compra, o pagando dos pesos lo que vale mil (¿se acuerdan de los terrenos que Néstor compró en El Calafate? Un ejemplo de corrupción patriótica).
Lo más actual de esta patología es el escandaloso caso del vicepresidente Amado Bodou, el “concheto” de Puerto Madero devenido segundo en la sucesión del mando político del gobierno Nacional & Popular, ungido en ese cargo por el dedo de Cristina Kirchner, a quien le resultará dificil en este caso echarle la culpa a los 90 de los que fue parte en su esencia estructural, con puede observarse en otro caso de actualidad con YPF, donde como senadora recomendó apoyar la privatización menemista de la entonces petrolera estatal.

Alto San Pedro, la joya de Villa Giardino
Todo vuelve a la luz pública por la acción judicial que lleva adelante el empresario gastronómico Franco Runca, quien ya logró demostrar, en dos instancias judiciales que le dieron la razón, que fue estafado por su ex socio Adrián Agra, luego que juntos compraran la Estancia Alto San Pedro con sus mil cien hectáreas. La historia que cuenta Runca es que luego de haber hecho el negocio y de haber puesto en marcha otra vez ese gran emprendimiento turístico, su socio, sin una razón aparente o que al menos diera a conocer, lo traiciona y, de la noche a la mañana, primero lo acusa a Runca de haberse quedado con dinero de la sociedad, y luego le alquila con opción a compra a dos personas notoriamente allegadas a Mario Decara y que incluso trabajan para él: Roberto Rodríguez y Bernardo Szeibert.
Agra, quien posee juanto a unos tales “otros” el 56 % de la sociedad, termina por vender la propiedad a estas personas que, a su vez, se la venden luego a su amigo, empleador y jefe político Mario Decara, actual propietario que en su declaración pública como Defensor del Pueblo hace figurar el inmueble a un valor económico irrisorio, tal como se acostumbra en estos casos.
Runca es una persona de trabajo, un emprendedor con gran habilidad comercial y de éxitos notorios en la región. Y seguramente este espírtu de querer crecer lo ha llevado a ingresar a arenas más movedizas, donde los riezgos no comerciales de un negocio suelen ser lo más importante. Y digo esto porque de su extensa y detallada exposición pública, primero ante La Voz del Interior y luego en el programa Hablemos Claro, durante la entrevista que le hicieran Mario Thibout y Nicolás Heredia, dejó en mi opinión un punto clave al oscuro que dispara la siguiente pregunta ¿Runca negoció la conformación de una sociedad para comprar Alto San Pedro con Adrián Agra o directamente con Mario Decara, representado en el acto formal por Adrián Agra?
¿Cómo es que, tras la sorpresiva ruptura que tiene con Agra, éste decide alquilarle con opción a compra a dos representantes directos de Decara? ¿Casualidad o causalidad? ¿Empieza aquí la historia de Decara en Alto San Pedro, con sus dos soldados alquilando a Agra a espaldas de Runca, o es sólo la continuidad de una historia en la que el Defensor del Pueblo partició desde el principio?
Si recordamos que es Runca el que asegura, conoce, sabe que quienes alquilan con opción a compra a su ex socio son personas ligadas a Decara, se hace entonces más difícil creer su version de los hechos.
En síntesis, Runca dice “mi socio, Agra y ‘otros’, me traicionaron”. Pero en verdad la historia pareciera ser que la pelea, por razones que se desconocen, fue entre los verdaderos socios Runca – Decara, que el Defensor del Pueblo saldó a su favor con todas sus armas a disposición, esto es terceras personas a las que involucra y lo representan, sumado al alto grado de impunidad que se tiene desde las cumbres del poder político.

El primer Mandamiento de nuestros políticos
Sobre el final de la entrevista radial, Runca pronunció unas palabras claves para entender el asunto: “Yo sólo quiero cobrar mi parte, lo que me corresponde. No puede ser que te quiten todo, y de pecho”. Seguramente porque esto es así la Justicia le dio la razón.
El problema, a todo esto, fue que, como emprendedor de evidente coraje pero no ajeno a la historia, Runca no temió enfrentar a Decara con toda su fuerza, logrando estas dos sentencias que lo favorecen y que, si se hacen efectivas algún día, podrían llevar al Defensor del Pueblo a violar el primer mandamiento de su propia religión: no pagar con propios recursos un inmueble del que se ha apropiado.

Megaminería y derechos humanos en la era kirchnerista

Los derechos humanos que se atropellan hoy son el desafío de un gobierno amenazado por las consecuencias directas de sus propias políticas públicas. Los medios kirchneristas, igual de chotos que los del grupo Clarín.

La sensación que más bronca me ha dado siempre, como periodista, es cuando un gobernante cualquiera nos trata a todos de boludos. Prefiero discutir fuerte desde el antagonismo de los argumentos, y prefiero a un funcionario que defienda aquello que desde mis principios puedo considerar indefendible a uno que me quiera hacer creer que estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, mientras la evidencia de sus acciones se empeñan en afirmar lo contrario.
Así sencillamente planteado podría resumirse el problema central de ubicación personal ante el poder que padecen tantos periodistas de frente a la estrategia de comunicación del kirchnerismo gobernante.
Es evidente que después de tantos años de impulsar las razones y apoyar los reclamos de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos para que se juzgue a todos los responsables de las atrocidades de la última dictadura ha sido lógico que el gobierno se ganara legítimamente un amplio consenso. Pero hubiese sido más razonable que, más allá de un concreto apoyo a una acción de gobierno, quienes se sienten periodistas no dejaran de serlo a partir de una coincidencia, por trascendente que esta fuese. Peor aún no considerar desde el análisis las circunstancias en que se desarrolla la acción de gobierno aplaudida (post crisis 2001, “que se vayan todos”), ni considerar la historia personal de los actores principales y las razones políiticas del momento. Se trata, en cualquier caso, de la importancia crucial del contexto en que se desarrolla una noticia, tal como sucede con el análisis de la historia. Por caso, enfrentar el poder militar durante los primeros años de la recuperación de la democracia, cuando los asesinos tenían aún las armas y el comando efectivo del aparato militar del Estado en su poder, no es lo mismo que hacerlo veinte años después, cuando ya son unos viejos chotos repudiados por la sociedad y la historia (Juicio a las Juntas Militares mediante) y sin conexión operativa con lo que queda de las fuerzas armadas en actividad. Y esto sin ingresar a considerar otros datos de la realidad incontrastables, como que cuando Carlos Menem indultó a los jerarcas militares como Videla y Massera, que cumplían condenas a cadena perpetua dictadas por la Justicia ordinaria, no se produjo ni un sólo comunicado de repudio por parte del entonces gobernador Néstor Kirchner, de quien si recordamos haber declarado públicamente a Menem como “el mejor Presidente de la historia”. Es importante destacar que aquellos indultos también incluyeron a la cúpula de Montoneros en proceso de juzgamiento por actos criminales cometidos bajo un gobierno democratico elegido en las urnas, y al asesino de Luciano Benjamín Menéndez, a pesar de que aún no había sido condenado, cosa que no prevé la figura del indulto, sólo legalmente posible a quienes cumplen condenas. Se indulta la pena impuesta por la Justicia, no un proceso judicial en marcha.
Otro dato incontrastable de la realidad que hace al contexto de la noticia es que no se conoce ni una sóla acción de Kirchner orientada a la defensa de presos políticos durante la dictadura. Tampoco partcipó de la Asamblea Permanente que en plena dictadura presentó denuncias de desaparición de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya en democracia, tampoco participó ni él ni los legisladores nacionales de su grupo en la Conadep presidida por Ernesto Sábato, quienes registraron hasta el momento el único documento oficial de personas desaparecidas durante la cobarde represión militar, sentando las bases probatorias del juicio a las Juntas.
Ahora bien, el hecho de que no se haya tratado precisamente de un luchador por los derechos humanos no le quita el mérito a la acción política de impulsar los juicios. Sólo que impone o debiera imponer un límite a esta manía propagandística de querer transformarlo en una especie de héroe nacional. Y todo esto sin considerar otro dato de la realidad que es el siguiente. Cuando con el Pacto de Olivos entre Menem y Raúl Alfonsín se habilitó la reforma de la Constitución Nacional sucedieron allí varias cosas. Una, la más resonante, fue acortar el mandato presidencial único de seis años a la posibilidad de dos de cuatro años cada uno, reeleción mediante. No fue lo único que se modificó. En aquella reforma se incorporó a la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos al que había adherido el país. Al tener rango constitucional este Pacto se hizo de cumplimiento obligatorio. Y este cumplimiento no era compatible con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, claudicaciones del gobierno de Alfonsín luego de las asonadas militares de Semana Santa del 87. Los tiempos de la historia ya habían condenado estas leyes de impunidad, con fecha de vencimiento desde que se incorporaron a la Constitución.
Por la sensibilidad de los kirchneristas de buena fe, insisto, en no querer restar mérito al gobierno que en efecto las derogó quitándole de esta forma el escudo protector a los asesinos. Pero tener en claro el contexto de una noticia, por trascendente que esta fuere, nos lleva a mantener el equilibrio y la equidistancia que como periodistas debemos tener frente al poder.
Y es en mi opinión esta permanencia legítima del kirchnerismo lograda en las últimas elecciones democráticas las que le darán la verdadera dimensión a su propia génesis. El kirchnerismo sigue gobernando y ahora enfrenta sin posibilidad de hacerse el distraído los problemas con violaciones de derechos humanos actuales. Y en la cancha, como se sabe, se ven los pingos.

Cristina, con poca memoria, reclama el debate
En una de sus últimas apariciones, cuando felicitó a un “obrero” de la minería que en realidad resultó ser un dirigente político del oficialismo, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner aseguró que sobre el tema “debemos darnos un debate”.
Es curiosa su afirmación. Yo creía que los debates se daban en el Congreso y no en teleconferencias armadas burdamente.
Con el Decreto 1.837 del año 2008 la misma Presidenta que en 2012 pide un debate serio por la megaminería vetó la Ley de Protección de los Glaciares que fue aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación el 22 de octubre de aquél año ¿No lo habían debatido nuestros representantes?
La Ley creaba un Inventario Nacional de Glaciares, reconociendo su importancia como reservas hídricas; y enfatizaba la necesidad de su adecuada protección, control y monitoreo. Durante el breve tiempo de su vigencia fue considerada como una ley de vanguardia en el orden internacional en relación a la protección de glaciares, siendo única en una Amércia Latina históricamente expoliada en sus recursos naturales. No había sido un proyecto del oficialismo, pero fue la oportunidad más clara que le dio la historia al kirchnerismo para diferenciarse del menemismo que la impuso. No casualmente se conoce el veto de Cristina como el “veto Barrick Gold”, por la empresa canadiense que destruye el medio ambiente con su minería a cielo abierto donde utiliza impresionantes cantidades de cianuro y otros elementos de altísima contaminación ambiental largamente comprobada.

Pagina 12 y el periodismo trucho
No creo que en el noble oficio del periodismo se pueda establecer una categoría de “militante”. Me resulta un debate absurdo. Un periodista, por definición, es impulsado por la defensa de principios filosóficos, políticos, éticos. La acepción “militante” podría ser la de quien mediante prácticas periodísticas se calza una camiseta partidaria. Hoy, “periodista militante”, por absurdo que suene, es ser “periodista oficialista”. Es en definitiva una elección personal, respetable, de quien ejerce el oficio. Pero la categoría que no debe soslayarse es la ser un periodista honesto o un periodista trucho. Este debiera ser el debate.
Ayer, 12 de febrero, recibí en mi casilla de correo electrónico una gacetilla de prensa de la Unión de Asambleas Ciudadanas donde se denunciaba el “estado de sitio minero en Andalgalá”. Allí se afirma que “por estos días el pueblo de Andangalá se encuentra sitiado por una patota pro minera que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha de este pueblo en contra de la mega minería a cielo abierto”. El comunicado detalla que “hace cinco días esta patota pro minera, avalada por los gobiernos provincial y nacional, y financiada por Bajo la Alumbrera, entre otras empresas, actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá”.
Patotas fianciadas por el capital extranjero y avaladas por el gobierno, lo más parecido a los mecanismos de terrorismo de Estado que sufrimos con sus bandas parapoliciales.
La misma información llegó a los medios, pero Página 12 publicó su crónica mencionando a “la patota prominera financiada por La Alumbrera”, sin dar señales de la referencia al aval de los gobiernos provincial y nacional denunciados. Además inició la crónica con palabras Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, quien con mucho coraje afirmó que “se debe exigir a las empresas que utilicen en la Argentina los mismos métodos que utilizan en sus países de orígenes”.
Como supongo que Mussi no es loco, concluyo que también nos trata de boludos ¿Quién debe exigir, el gobierno de la China o el que integra?
Tuvieron que repercutir en los medios nacionales estas protestas y sus violentas represiones para que se decidieran a hablar del tema. Mientras tanto nada dicen los funcionarios de la aplicación por parte de los jueces de la aberrante Ley Antiterrorista recientemente aprobada por el kirchnerismo y aplicada ya a los manifestantes anti megaminería.
El ejemplo que doy es pequeño, pero como muestra vale un botón. La lectura atenta y comparativa de diarios y sitios informativos revela que hay toda una metodología de la desinformación puesta en marcha por los medios oficialistas que, como ya advertimos en notas anteriores, no se diferencian de los medios del universo Clarín. Con precisas exepciones de ambos lados, son la misma mierda con distinto olor.
En el medio nosotros, los boludos históricos, los que creemos que el acceso al agua y la protección de sus fuentes naturales, la preservación del medio ambiente y el derecho a la información son derechos humanos que deben ser respetados por todos y tutelados por el Estado, gobierne quien gobierne.

Megaminería y derechos humanos en la era kirchnerista

Los derechos humanos que se atropellan hoy son el desafío de un gobierno amenazado por las consecuencias directas de sus propias políticas públicas. Los medios kirchneristas, igual de chotos que los del grupo Clarín.

La sensación que más bronca me ha dado siempre, como periodista, es cuando un gobernante cualquiera nos trata a todos de boludos. Prefiero discutir fuerte desde el antagonismo de los argumentos, y prefiero a un funcionario que defienda aquello que desde mis principios puedo considerar indefendible a uno que me quiera hacer creer que estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, mientras la evidencia de sus acciones se empeñan en afirmar lo contrario.
Así sencillamente planteado podría resumirse el problema central de ubicación personal ante el poder que padecen tantos periodistas de frente a la estrategia de comunicación del kirchnerismo gobernante.
Es evidente que después de tantos años de impulsar las razones y apoyar los reclamos de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos para que se juzgue a todos los responsables de las atrocidades de la última dictadura ha sido lógico que el gobierno se ganara legítimamente un amplio consenso. Pero hubiese sido más razonable que, más allá de un concreto apoyo a una acción de gobierno, quienes se sienten periodistas no dejaran de serlo a partir de una coincidencia, por trascendente que esta fuese. Peor aún no considerar desde el análisis las circunstancias en que se desarrolla la acción de gobierno aplaudida (post crisis 2001, “que se vayan todos”), ni considerar la historia personal de los actores principales y las razones políiticas del momento. Se trata, en cualquier caso, de la importancia crucial del contexto en que se desarrolla una noticia, tal como sucede con el análisis de la historia. Por caso, enfrentar el poder militar durante los primeros años de la recuperación de la democracia, cuando los asesinos tenían aún las armas y el comando efectivo del aparato militar del Estado en su poder, no es lo mismo que hacerlo veinte años después, cuando ya son unos viejos chotos repudiados por la sociedad y la historia (Juicio a las Juntas Militares mediante) y sin conexión operativa con lo que queda de las fuerzas armadas en actividad. Y esto sin ingresar a considerar otros datos de la realidad incontrastables, como que cuando Carlos Menem indultó a los jerarcas militares como Videla y Massera, que cumplían condenas a cadena perpetua dictadas por la Justicia ordinaria, no se produjo ni un sólo comunicado de repudio por parte del entonces gobernador Néstor Kirchner, de quien si recordamos haber declarado públicamente a Menem como “el mejor Presidente de la historia”. Es importante destacar que aquellos indultos también incluyeron a la cúpula de Montoneros en proceso de juzgamiento por actos criminales cometidos bajo un gobierno democratico elegido en las urnas, y al asesino de Luciano Benjamín Menéndez, a pesar de que aún no había sido condenado, cosa que no prevé la figura del indulto, sólo legalmente posible a quienes cumplen condenas. Se indulta la pena impuesta por la Justicia, no un proceso judicial en marcha.
Otro dato incontrastable de la realidad que hace al contexto de la noticia es que no se conoce ni una sóla acción de Kirchner orientada a la defensa de presos políticos durante la dictadura. Tampoco partcipó de la Asamblea Permanente que en plena dictadura presentó denuncias de desaparición de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya en democracia, tampoco participó ni él ni los legisladores nacionales de su grupo en la Conadep presidida por Ernesto Sábato, quienes registraron hasta el momento el único documento oficial de personas desaparecidas durante la cobarde represión militar, sentando las bases probatorias del juicio a las Juntas.
Ahora bien, el hecho de que no se haya tratado precisamente de un luchador por los derechos humanos no le quita el mérito a la acción política de impulsar los juicios. Sólo que impone o debiera imponer un límite a esta manía propagandística de querer transformarlo en una especie de héroe nacional. Y todo esto sin considerar otro dato de la realidad que es el siguiente. Cuando con el Pacto de Olivos entre Menem y Raúl Alfonsín se habilitó la reforma de la Constitución Nacional sucedieron allí varias cosas. Una, la más resonante, fue acortar el mandato presidencial único de seis años a la posibilidad de dos de cuatro años cada uno, reeleción mediante. No fue lo único que se modificó. En aquella reforma se incorporó a la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos al que había adherido el país. Al tener rango constitucional este Pacto se hizo de cumplimiento obligatorio. Y este cumplimiento no era compatible con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, claudicaciones del gobierno de Alfonsín luego de las asonadas militares de Semana Santa del 87. Los tiempos de la historia ya habían condenado estas leyes de impunidad, con fecha de vencimiento desde que se incorporaron a la Constitución.
Por la sensibilidad de los kirchneristas de buena fe, insisto, en no querer restar mérito al gobierno que en efecto las derogó quitándole de esta forma el escudo protector a los asesinos. Pero tener en claro el contexto de una noticia, por trascendente que esta fuere, nos lleva a mantener el equilibrio y la equidistancia que como periodistas debemos tener frente al poder.
Y es en mi opinión esta permanencia legítima del kirchnerismo lograda en las últimas elecciones democráticas las que le darán la verdadera dimensión a su propia génesis. El kirchnerismo sigue gobernando y ahora enfrenta sin posibilidad de hacerse el distraído los problemas con violaciones de derechos humanos actuales. Y en la cancha, como se sabe, se ven los pingos.

Cristina, con poca memoria, reclama el debateEn una de sus últimas apariciones, cuando felicitó a un “obrero” de la minería que en realidad resultó ser un dirigente político del oficialismo, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner aseguró que sobre el tema “debemos darnos un debate”.
Es curiosa su afirmación. Yo creía que los debates se daban en el Congreso y no en teleconferencias armadas burdamente.
Con el Decreto 1.837 del año 2008 la misma Presidenta que en 2012 pide un debate serio por la megaminería vetó la Ley de Protección de los Glaciares que fue aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación el 22 de octubre de aquél año ¿No lo habían debatido nuestros representantes?
La Ley creaba un Inventario Nacional de Glaciares, reconociendo su importancia como reservas hídricas; y enfatizaba la necesidad de su adecuada protección, control y monitoreo. Durante el breve tiempo de su vigencia fue considerada como una ley de vanguardia en el orden internacional en relación a la protección de glaciares, siendo única en una Amércia Latina históricamente expoliada en sus recursos naturales. No había sido un proyecto del oficialismo, pero fue la oportunidad más clara que le dio la historia al kirchnerismo para diferenciarse del menemismo que la impuso. No casualmente se conoce el veto de Cristina como el “veto Barrick Gold”, por la empresa canadiense que destruye el medio ambiente con su minería a cielo abierto donde utiliza impresionantes cantidades de cianuro y otros elementos de altísima contaminación ambiental largamente comprobada.

Pagina 12 y el periodismo trucho
No creo que en el noble oficio del periodismo se pueda establecer una categoría de “militante”. Me resulta un debate absurdo. Un periodista, por definición, es impulsado por la defensa de principios filosóficos, políticos, éticos. La acepción “militante” podría ser la de quien mediante prácticas periodísticas se calza una camiseta partidaria. Hoy, “periodista militante”, por absurdo que suene, es ser “periodista oficialista”. Es en definitiva una elección personal, respetable, de quien ejerce el oficio. Pero la categoría que no debe soslayarse es la ser un periodista honesto o un periodista trucho. Este debiera ser el debate.
Ayer, 12 de febrero, recibí en mi casilla de correo electrónico una gacetilla de prensa de la Unión de Asambleas Ciudadanas donde se denunciaba el “estado de sitio minero en Andalgalá”. Allí se afirma que “por estos días el pueblo de Andangalá se encuentra sitiado por una patota pro minera que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha de este pueblo en contra de la mega minería a cielo abierto”. El comunicado detalla que “hace cinco días esta patota pro minera, avalada por los gobiernos provincial y nacional, y financiada por Bajo la Alumbrera, entre otras empresas, actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá”.
Patotas fianciadas por el capital extranjero y avaladas por el gobierno, lo más parecido a los mecanismos de terrorismo de Estado que sufrimos con sus bandas parapoliciales.
La misma información llegó a los medios, pero Página 12 publicó su crónica mencionando a “la patota prominera financiada por La Alumbrera”, sin dar señales de la referencia al aval de los gobiernos provincial y nacional denunciados. Además inició la crónica con palabras Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, quien con mucho coraje afirmó que “se debe exigir a las empresas que utilicen en la Argentina los mismos métodos que utilizan en sus países de orígenes”.
Como supongo que Mussi no es loco, concluyo que también nos trata de boludos ¿Quién debe exigir, el gobierno de la China o el que integra?
Tuvieron que repercutir en los medios nacionales estas protestas y sus violentas represiones para que se decidieran a hablar del tema. Mientras tanto nada dicen los funcionarios de la aplicación por parte de los jueces de la aberrante Ley Antiterrorista recientemente aprobada por el kirchnerismo y aplicada ya a los manifestantes anti megaminería.
El ejemplo que doy es pequeño, pero como muestra vale un botón. La lectura atenta y comparativa de diarios y sitios informativos revela que hay toda una metodología de la desinformación puesta en marcha por los medios oficialistas que, como ya advertimos en notas anteriores, no se diferencian de los medios del universo Clarín. Con precisas exepciones de ambos lados, son la misma mierda con distinto olor.
En el medio nosotros, los boludos históricos, los que creemos que el acceso al agua y la protección de sus fuentes naturales, la preservación del medio ambiente y el derecho a la información son derechos humanos que deben ser respetados por todos y tutelados por el Estado, gobierne quien gobierne.

Cristina y el eterno retorno de la sanata política

Con un discurso de formas conchetas y argumentos incongruentes la Presidenta se refirió al caso de los allanamientos de las poderosas agencias calificadoras de riesgo económico que se realizan por estos días en Italia.

(ver video el video Aqui)

"Estaba mirando el allanamiento que se hizo en Italia a la consultora Fitch. Moreno es un príncipe al lado de los italianos. Y además no le pueden echar la culpa a Berlusconi. Imaginen Echegaray entrando a las consultoras... quedaría feito. No vi ningún editorial sobre ese tema".
Estas fueron parte de las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner al reasumir sus funciones luego del intervento quirúrgico durante el cual, por fortuna, se descartó la presencia de células cancerígenas en su cuerpo.
Y desde aquí, desde esta Italia atravesada por la crisis y en pleno post berlusconismo sus afirmaciones resultan, al menos, curiosas y desinformadas no sólo del caso judicial en marcha, sino de elementales reglas de funcionamiento institucional. Vamos por parte.

La corrupción política y la Justicia
Desde que llegué aquí hace ya un año y medio no me han dejado de sorprender dos tipos de noticias constantes que aparecen en los medios. Unas son la enorme cantidad de casos de corrupción en la que se encuentran involucrados los funcionarios políticos y sus amigos del poder, tanto de la centro derecha como de la centro izquierda. Las otras son la gigantesca cantidad de casos judiciales en marcha y de ex poderosos tras las rejas. Aquí la Justicia funciona de un modo independiente del poder político, y esto se nota.
Como ejemplo cito dos casos que serían inimaginables para la Argentina. Aquí en la Región del Abruzzo, equivalente a una Provincia nuestra, el entonces Gobernador Ottaviano Del Turco fue detenido en su propio despacho por un flagrante caso de corrupción con la salud pública, mientras ejercía plenamente sus poderes constiitucionales. Por un caso de favoritismo en la contratación de servicios a privados fue detenido Luciano D’Alfonso, también en su propio despacho, intendente de la ciudad de Pescara, la capital de la Región. Para darnos una idea es como si en Córdoba una comisión policial fuera a detener hoy a José Manuel de la Sota (o a Eduardo Angeloz años atrás) en el pleno ejercicio de sus mandatos. O que ahora fueran diez policías con orden judicial a sacar de su despacho a Mauricio Macri en Buenos Aires. Inverosímiles acontecimientos porque en nuestro país es, por el momento, inimaginable una justicia independiente del poder político a este grado. Pero para no caer en confusiones y tentarse a pensar que esto ocurre a niveles inferiores de la política en Italia, basta recordar las decenas de veces que por causas diversas el ex Premier Silvio Berlusconi ha debido comparecer ante los tribunales durante el pleno ejercicio de su mandato, recordando que no sólo era el jefe del Gobierno sino el italiano más rico del país. Pocas semanas antes de dejar la presidencia Berlusconi fue sentenciado a pagar 500 millones de euros al Director del diario La Repubblica, acérrimo opositor a su Gobierno, con quien mantenía un litigio por haberse apropiado ilegalmente de una de sus empresas periodistica años atrás. Era la última instancia judicial, así que además de la condena millonaria el juez le ordenó al Presidente en funciones pagar en efectivo en un plazo máximo de diez días. Berlusconi despotricó otra vez contra “los jueces comunistas”, pero un día antes de que venciera el plazo hizo efectivo el pago.
Así que Italia desborda corrupción en su clase política, y esto sin entrar a considerar la cuestión de las mafias. Pero en ambos frentes la Justicia actúa con contundencia y una independencia admirable. “La legge è uguale per tutti”, se lee como lema insignia en cada sede judicial. Y “tutti” son todos, no todos menos los que están en el poder circunstancialmente.
Nuestros políticos han aprendido de los italianos sus peores características. Pero en Italia funciona, mal que le pese a muchos, una República que hace de la división de poderes una religión que la salva a su sociedad de la impunidad total y del discurso único siempre estimulado por los gobernantes. Aquí, más allá de la prensa que también denuncia, existen los jueces que investigan y condenan.

Feitos y prolijitos
Las groseras imprecisiones de Cristina hablando de un caso ocurrido en otro país demuestran el alto grado de sanata política que al máximo nivel gubernamental tenemos en Argentina y revelan la lógica de poder que nos gobierna desde hace décadas. Dijo que habían allanado “a una de las cuatro caificadoras más grande del mundo”, y al querer nombrarlas sólo nombró a tres, como son de hecho, dos estadounidenses y una francesa. “Y la cuarta, ehh, cuál es?... a Moody’s”, repitió una de las tres nombradas anteriormente por ella.
“Y además no le pueden echar la culpa a Berlusconi, porque Berlusconi no está. Los que hicieron el allanamiento fueron los prolijitos del Fondo Monetario, todo el Gobierno técnico italiano”, afirmó suelta de cuerpo Cristina, donde su tono de voz y sus palabras conchetas suenan a las de Susana Gimenez, incluso por la inconsistencia de sus argumentos en este caso. No fue Berlusconi ni el Gobierno técnico de Mario Monti los que allanaron a la agencia calificadora. Fue la Justicia, pero ese dato no le resulta lógico a nuestra presidenta. Ella no puede imaginar un funcionamiento así de fuerte, independiente y poderoso de un fiscal cualquiera que actúa para hacer respetar la ley, caiga quien caiga.
Y para seguir la estructura de un discurso político mediocre y berreta que pone todo en blanco o negro, buenos y malos, ellos o nosotros, kirchneristas o golpistas, irónicamente se refirió a “prolijitos” ellos y “feitos” nosotros: “Imaginen Echegaray (jefe de la Afip) entrando a las consultoras... quedaría feito", observó Cristina en su discurso. Y no sé si quedaría “feito” pero por cierto podemos decir que sería, así planteado, un claro abuso de poder. Aquí no fue un funcionario político el que llegó a las oficinas de las consultoras más grandes del planeta, Standard&Poor’s, Moody’s y Fitch, sino la Procura della Repubblica (fiscalía federal) de la ciudad de Trani luego de una investigación realizada a partir de una denuncia de la federación de consumidores (Federconsumatori). En el desarrollo de esta investigación fueron tomados los testimonios de Mario Draghi, actual Presidente de la Banca Europea y uno de los cinco hombres más poderosos del planeta; el ex premier Romano Prodi y el entonces ministro de Economía del Gobierno Berlusconi, Giulio Tremonti. Luego de su investigación el Fiscal consideró que estas consultoras económicas cometieron el delito de “abuso de información privilegiada” y de “manipulación del mercado”. Además de investigar la difusión de un documento económico que la Procura consideró “infundado e imprudente” en el cual se anunciaba que el sistema bancario italiano se encontraba en un riesgo similar al de Grecia. Se considera en la Procura que toda esta información hizo crolar el valor de los títulos italianos favoreciendo la especulación.
Las oficinas fueron allanadas con ordenes judiciales fundadas por el fiscal Michele Ruggiero. La causa recién comienza, pero es sustancial destacar que estas agencias, tan cuestionadas por ser quienes por un lado califican el riesgo país pero por el otro tienen intereses económicos ramificados que se benefician con la especulación internacional con tíulos de deudas cuyos valores suben o caen en base a sus propios informes, serán por primera vez llevadas a juicio.
Quiero decir con esto que la denuncia pública es importante. Pero esa es, en todo caso, tarea de la prensa. La política no hace su tarea real si sólo la denuncia en los discursos. Argentina pudo haber denunciado a estas agencias callificadoras de riesgo en los tribunales por el caso de la deuda externa, y buscar de ese modo clarificar cuál parte de deuda era real y cuál parte de una defraudación derivada de la especulación financiera internacional. Pero se optó por sólo denunciar desde la tribuna, y pagar al FMI de contado hasta el último centavo. También se denuncia “al mundo financiero” en los discursos, mientras no aparece una ley que grave impositivamente estas transacciones especulativas. Esto si que es “feito”.

Con un discurso de formas conchetas y argumentos incongruentes la Presidenta se refirió al caso de los allanamientos de las poderosas agencias calificadoras de riesgo económico que se realizan por estos días en Italia.


"Estaba mirando el allanamiento que se hizo en Italia a la consultora Fitch. Moreno es un príncipe al lado de los italianos. Y además no le pueden echar la culpa a Berlusconi. Imaginen Echegaray entrando a las consultoras... quedaría feito. No vi ningún editorial sobre ese tema".
Estas fueron parte de las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner al reasumir sus funciones luego del intervento quirúrgico durante el cual, por fortuna, se descartó la presencia de células cancerígenas en su cuerpo.
Y desde aquí, desde esta Italia atravesada por la crisis y en pleno post berlusconismo sus afirmaciones resultan, al menos, curiosas y desinformadas no sólo del caso judicial en marcha, sino de elementales reglas de funcionamiento institucional. Vamos por parte.

La corrupción política y la Justicia
Desde que llegué aquí hace ya un año y medio no me han dejado de sorprender dos tipos de noticias constantes que aparecen en los medios. Unas son la enorme cantidad de casos de corrupción en la que se encuentran involucrados los funcionarios políticos y sus amigos del poder, tanto de la centro derecha como de la centro izquierda. Las otras son la gigantesca cantidad de casos judiciales en marcha y de ex poderosos tras las rejas. Aquí la Justicia funciona de un modo independiente del poder político, y esto se nota.
Como ejemplo cito dos casos que serían inimaginables para la Argentina. Aquí en la Región del Abruzzo, equivalente a una Provincia nuestra, el entonces Gobernador Ottaviano Del Turco fue detenido en su propio despacho por un flagrante caso de corrupción con la salud pública, mientras ejercía plenamente sus poderes constiitucionales. Por un caso de favoritismo en la contratación de servicios a privados fue detenido Luciano D’Alfonso, también en su propio despacho, intendente de la ciudad de Pescara, la capital de la Región. Para darnos una idea es como si en Córdoba una comisión policial fuera a detener hoy a José Manuel de la Sota (o a Eduardo Angeloz años atrás) en el pleno ejercicio de sus mandatos. O que ahora fueran diez policías con orden judicial a sacar de su despacho a Mauricio Macri en Buenos Aires. Inverosímiles acontecimientos porque en nuestro país es, por el momento, inimaginable una justicia independiente del poder político a este grado. Pero para no caer en confusiones y tentarse a pensar que esto ocurre a niveles inferiores de la política en Italia, basta recordar las decenas de veces que por causas diversas el ex Premier Silvio Berlusconi ha debido comparecer ante los tribunales durante el pleno ejercicio de su mandato, recordando que no sólo era el jefe del Gobierno sino el italiano más rico del país. Pocas semanas antes de dejar la presidencia Berlusconi fue sentenciado a pagar 500 millones de euros al Director del diario La Reppublica, acérrimo opositor a su Gobierno, con quien mantenía un litigio por haberse apropiado ilegalmente de una de sus empresas periodistica años atrás. Era la última instancia judicial, así que además de la condena millonaria el juez le ordenó al Presidente en funciones pagar en efectivo en un plazo máximo de diez días. Berlusconi despotricó otra vez contra “los jueces comunistas”, pero un día antes de que venciera el plazo hizo efectivo el pago.
Así que Italia desborda corrupción en su clase política, y esto sin entrar a considerar la cuestión de las mafias. Pero en ambos frentes la Justicia actúa con contundencia y una independencia admirable. “La legge è uguale per tutti”, se lee como lema insignia en cada sede judicial. Y “tutti” son todos, no todos menos los que están en el poder circunstancialmente.
Nuestros políticos han aprendido de los italianos sus peores características. Pero en Italia funciona, mal que le pese a muchos, una República que hace de la división de poderes una religión que la salva a su sociedad de la impunidad total y del discurso único siempre estimulado por los gobernantes. Aquí, más allá de la prensa que también denuncia, existen los jueces que investigan y condenan.

Feitos y prolijitos
Las groseras imprecisiones de Cristina hablando de un caso ocurrido en otro país demuestran el alto grado de sanata política que al máximo nivel gubernamental tenemos en Argentina y revelan la lógica de poder que nos gobierna desde hace décadas. Dijo que habían allanado “a una de las cuatro caificadoras más grande del mundo”, y al querer nombrarlas sólo nombró a tres, como son de hecho, dos estadounidenses y una francesa. “Y la cuarta, ehh, cuál es?... a Moody’s”, repitió una de las tres nombradas anteriormente por ella.
“Y además no le pueden echar la culpa a Berlusconi, porque Berlusconi no está. Los que hicieron el allanamiento fueron los prolijitos del Fondo Monetario, todo el Gobierno técnico italiano”, afirmó suelta de cuerpo Cristina, donde su tono de voz y sus palabras conchetas suenan a las de Susana Gimenez, incluso por la inconsistencia de sus argumentos en este caso. No fue Berlusconi ni el Gobierno técnico de Mario Monti los que allanaron a la agencia calificadora. Fue la Justicia, pero ese dato no le resulta lógico a nuestra presidenta. Ella no puede imaginar un funcionamiento así de fuerte, independiente y poderoso de un fiscal cualquiera que actúa para hacer respetar la ley, caiga quien caiga.
Y para seguir la estructura de un discurso político mediocre y berreta que pone todo en blanco o negro, buenos y malos, ellos o nosotros, kirchneristas o golpistas, irónicamente se refirió a “prolijitos” ellos y “feitos” nosotros: “Imaginen Echegaray (jefe de la Afip) entrando a las consultoras... quedaría feito", observó Cristina en su discurso. Y no sé si quedaría “feito” pero por cierto podemos decir que sería, así planteado, un claro abuso de poder. Aquí no fue un funcionario político el que llegó a las oficinas de las consultoras más grandes del planeta, Standard&Poor’s, Moody’s y Fitch, sino la Procura della Repubblica (fiscalía federal) de la ciudad de Trani luego de una investigación realizada a partir de una denuncia de la federación de consumidores (Federconsumatori). En el desarrollo de esta investigación fueron tomados los testimonios de Mario Draghi, actual Presidente de la Banca Europea y uno de los cinco hombres más poderosos del planeta; el ex premier Romano Prodi y el entonces ministro de Economía del Gobierno Berlusconi, Giulio Tremonti. Luego de su investigación el Fiscal consideró que estas consultoras económicas cometieron el delito de “abuso de información privilegiada” y de “manipulación del mercado”. Además de investigar la difusión de un documento económico que la Procura consideró “infundado e imprudente” en el cual se anunciaba que el sistema bancario italiano se encontraba en un riesgo similar al de Grecia. Se considera en la Procura que toda esta información hizo crolar el valor de los títulos italianos favoreciendo la especulación.
Las oficinas fueron allanadas con ordenes judiciales fundadas por el fiscal Michele Ruggiero. La causa recién comienza, pero es sustancial destacar que estas agencias, tan cuestionadas por ser quienes por un lado califican el riesgo país pero por el otro tienen intereses económicos ramificados que se benefician con la especulación internacional con tíulos de deudas cuyos valores suben o caen en base a sus propios informes, serán por primera vez llevadas a juicio.
Quiero decir con esto que la denuncia pública es importante. Pero esa es, en todo caso, tarea de la prensa. La política no hace su tarea real si sólo la denuncia en los discursos. Argentina pudo haber denunciado a estas agencias callificadoras de riesgo en los tribunales por el caso de la deuda externa, y buscar de ese modo clarificar cuál parte de deuda era real y cuál parte de una defraudación derivada de la especulación financiera internacional. Pero se optó por sólo denunciar desde la tribuna, y pagar al FMI de contado hasta el último centavo. También se denuncia “al mundo financiero” en los discursos, mientras no aparece una ley que grave impositivamente estas transacciones especulativas. Esto si que es “feito”.