Mario Decara y su costumbre de comprar propiedades sin querer pagarlas

El empresario Franco Runca y su litigio por la Estancia Alto San Pedro, donde se desnuda el “modus operandi” del Defensor del Pueblo de Córdoba. La loca historia de “corruptos malos” y “corruptos patriotas”.

Había un tiempo en que la política era una actividad de honor, adonde se llegaba con ideas claras y vocación de servicio. Hombres pre claros que podían terminar perdiendo sus propiedades y en la pobreza después de haber servido al país. Sabemos, además, que la cosa no es tan lineal respecto a lo que fue y lo que es, toda vez que en el pasado también siempre existió la corrupción y en el presente existen muchas personas, de diversos sectores, que trabajan honestamente por la comunidad. Pero desde hace un par de décadas, especialmente desde el menemismo de los años 90, la corrupción política se ha extendido como una mancha que a ciertas alturas del poder político parece abarcar a todos o a casi todos. Ahora, en este presente político, la corrupción se ha hecho endémica y hasta encuentra curiosas justificaciones en las cumbres del poder, donde los intelectuales del kirchnerismo hacen la curiosa distinción entre quienes habrían robado vendiendo el país a las corporaciones (o sea los corruptos malos) y quienes aparentemente han sido casi impulsados por las circunstancias a corromperse para hacerse fuertes económicamente y así enfrentar patrióticamente a esos poderes (o sea los corruptos buenos). Este es un razonamiento de por sí absurdo, porque cuando se roba desde la función pública se le roba, siempre, al conjunto de la sociedad. Pero es además un razonamiento hipócrita de los políticos oficialistas de hoy, que en su casi totalidad y desde lo más alto fueron cómplices y partícipes necesarios del latrocinio menemista del que formaron parte activa.
Con el caso del Defensor del Pueblo Mario Decara parece confirmarse esta obsesión patológica de la mayor parte de nuestros políticos gobernantes por apropiarse de lo ajeno, por hacerse de cada vez más y más propiedades y, en todos los casos, con una condición intrínseca al negocio próspero inmobiliario que desarrollan, esto es, no pagando con dinero propio lo que se compra, o pagando dos pesos lo que vale mil (¿se acuerdan de los terrenos que Néstor compró en El Calafate? Un ejemplo de corrupción patriótica).
Lo más actual de esta patología es el escandaloso caso del vicepresidente Amado Bodou, el “concheto” de Puerto Madero devenido segundo en la sucesión del mando político del gobierno Nacional & Popular, ungido en ese cargo por el dedo de Cristina Kirchner, a quien le resultará dificil en este caso echarle la culpa a los 90 de los que fue parte en su esencia estructural, con puede observarse en otro caso de actualidad con YPF, donde como senadora recomendó apoyar la privatización menemista de la entonces petrolera estatal.

Alto San Pedro, la joya de Villa Giardino
Todo vuelve a la luz pública por la acción judicial que lleva adelante el empresario gastronómico Franco Runca, quien ya logró demostrar, en dos instancias judiciales que le dieron la razón, que fue estafado por su ex socio Adrián Agra, luego que juntos compraran la Estancia Alto San Pedro con sus mil cien hectáreas. La historia que cuenta Runca es que luego de haber hecho el negocio y de haber puesto en marcha otra vez ese gran emprendimiento turístico, su socio, sin una razón aparente o que al menos diera a conocer, lo traiciona y, de la noche a la mañana, primero lo acusa a Runca de haberse quedado con dinero de la sociedad, y luego le alquila con opción a compra a dos personas notoriamente allegadas a Mario Decara y que incluso trabajan para él: Roberto Rodríguez y Bernardo Szeibert.
Agra, quien posee juanto a unos tales “otros” el 56 % de la sociedad, termina por vender la propiedad a estas personas que, a su vez, se la venden luego a su amigo, empleador y jefe político Mario Decara, actual propietario que en su declaración pública como Defensor del Pueblo hace figurar el inmueble a un valor económico irrisorio, tal como se acostumbra en estos casos.
Runca es una persona de trabajo, un emprendedor con gran habilidad comercial y de éxitos notorios en la región. Y seguramente este espírtu de querer crecer lo ha llevado a ingresar a arenas más movedizas, donde los riezgos no comerciales de un negocio suelen ser lo más importante. Y digo esto porque de su extensa y detallada exposición pública, primero ante La Voz del Interior y luego en el programa Hablemos Claro, durante la entrevista que le hicieran Mario Thibout y Nicolás Heredia, dejó en mi opinión un punto clave al oscuro que dispara la siguiente pregunta ¿Runca negoció la conformación de una sociedad para comprar Alto San Pedro con Adrián Agra o directamente con Mario Decara, representado en el acto formal por Adrián Agra?
¿Cómo es que, tras la sorpresiva ruptura que tiene con Agra, éste decide alquilarle con opción a compra a dos representantes directos de Decara? ¿Casualidad o causalidad? ¿Empieza aquí la historia de Decara en Alto San Pedro, con sus dos soldados alquilando a Agra a espaldas de Runca, o es sólo la continuidad de una historia en la que el Defensor del Pueblo partició desde el principio?
Si recordamos que es Runca el que asegura, conoce, sabe que quienes alquilan con opción a compra a su ex socio son personas ligadas a Decara, se hace entonces más difícil creer su version de los hechos.
En síntesis, Runca dice “mi socio, Agra y ‘otros’, me traicionaron”. Pero en verdad la historia pareciera ser que la pelea, por razones que se desconocen, fue entre los verdaderos socios Runca – Decara, que el Defensor del Pueblo saldó a su favor con todas sus armas a disposición, esto es terceras personas a las que involucra y lo representan, sumado al alto grado de impunidad que se tiene desde las cumbres del poder político.

El primer Mandamiento de nuestros políticos
Sobre el final de la entrevista radial, Runca pronunció unas palabras claves para entender el asunto: “Yo sólo quiero cobrar mi parte, lo que me corresponde. No puede ser que te quiten todo, y de pecho”. Seguramente porque esto es así la Justicia le dio la razón.
El problema, a todo esto, fue que, como emprendedor de evidente coraje pero no ajeno a la historia, Runca no temió enfrentar a Decara con toda su fuerza, logrando estas dos sentencias que lo favorecen y que, si se hacen efectivas algún día, podrían llevar al Defensor del Pueblo a violar el primer mandamiento de su propia religión: no pagar con propios recursos un inmueble del que se ha apropiado.