Los derechos humanos que se atropellan hoy son el desafío de un gobierno amenazado por las consecuencias directas de sus propias políticas públicas. Los medios kirchneristas, igual de chotos que los del grupo Clarín.
La sensación que más bronca me ha dado siempre, como periodista, es cuando un gobernante cualquiera nos trata a todos de boludos. Prefiero discutir fuerte desde el antagonismo de los argumentos, y prefiero a un funcionario que defienda aquello que desde mis principios puedo considerar indefendible a uno que me quiera hacer creer que estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, mientras la evidencia de sus acciones se empeñan en afirmar lo contrario.
Así sencillamente planteado podría resumirse el problema central de ubicación personal ante el poder que padecen tantos periodistas de frente a la estrategia de comunicación del kirchnerismo gobernante.
Es evidente que después de tantos años de impulsar las razones y apoyar los reclamos de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos para que se juzgue a todos los responsables de las atrocidades de la última dictadura ha sido lógico que el gobierno se ganara legítimamente un amplio consenso. Pero hubiese sido más razonable que, más allá de un concreto apoyo a una acción de gobierno, quienes se sienten periodistas no dejaran de serlo a partir de una coincidencia, por trascendente que esta fuese. Peor aún no considerar desde el análisis las circunstancias en que se desarrolla la acción de gobierno aplaudida (post crisis 2001, “que se vayan todos”), ni considerar la historia personal de los actores principales y las razones políiticas del momento. Se trata, en cualquier caso, de la importancia crucial del contexto en que se desarrolla una noticia, tal como sucede con el análisis de la historia. Por caso, enfrentar el poder militar durante los primeros años de la recuperación de la democracia, cuando los asesinos tenían aún las armas y el comando efectivo del aparato militar del Estado en su poder, no es lo mismo que hacerlo veinte años después, cuando ya son unos viejos chotos repudiados por la sociedad y la historia (Juicio a las Juntas Militares mediante) y sin conexión operativa con lo que queda de las fuerzas armadas en actividad. Y esto sin ingresar a considerar otros datos de la realidad incontrastables, como que cuando Carlos Menem indultó a los jerarcas militares como Videla y Massera, que cumplían condenas a cadena perpetua dictadas por la Justicia ordinaria, no se produjo ni un sólo comunicado de repudio por parte del entonces gobernador Néstor Kirchner, de quien si recordamos haber declarado públicamente a Menem como “el mejor Presidente de la historia”. Es importante destacar que aquellos indultos también incluyeron a la cúpula de Montoneros en proceso de juzgamiento por actos criminales cometidos bajo un gobierno democratico elegido en las urnas, y al asesino de Luciano Benjamín Menéndez, a pesar de que aún no había sido condenado, cosa que no prevé la figura del indulto, sólo legalmente posible a quienes cumplen condenas. Se indulta la pena impuesta por la Justicia, no un proceso judicial en marcha.
Otro dato incontrastable de la realidad que hace al contexto de la noticia es que no se conoce ni una sóla acción de Kirchner orientada a la defensa de presos políticos durante la dictadura. Tampoco partcipó de la Asamblea Permanente que en plena dictadura presentó denuncias de desaparición de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya en democracia, tampoco participó ni él ni los legisladores nacionales de su grupo en la Conadep presidida por Ernesto Sábato, quienes registraron hasta el momento el único documento oficial de personas desaparecidas durante la cobarde represión militar, sentando las bases probatorias del juicio a las Juntas.
Ahora bien, el hecho de que no se haya tratado precisamente de un luchador por los derechos humanos no le quita el mérito a la acción política de impulsar los juicios. Sólo que impone o debiera imponer un límite a esta manía propagandística de querer transformarlo en una especie de héroe nacional. Y todo esto sin considerar otro dato de la realidad que es el siguiente. Cuando con el Pacto de Olivos entre Menem y Raúl Alfonsín se habilitó la reforma de la Constitución Nacional sucedieron allí varias cosas. Una, la más resonante, fue acortar el mandato presidencial único de seis años a la posibilidad de dos de cuatro años cada uno, reeleción mediante. No fue lo único que se modificó. En aquella reforma se incorporó a la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos al que había adherido el país. Al tener rango constitucional este Pacto se hizo de cumplimiento obligatorio. Y este cumplimiento no era compatible con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, claudicaciones del gobierno de Alfonsín luego de las asonadas militares de Semana Santa del 87. Los tiempos de la historia ya habían condenado estas leyes de impunidad, con fecha de vencimiento desde que se incorporaron a la Constitución.
Por la sensibilidad de los kirchneristas de buena fe, insisto, en no querer restar mérito al gobierno que en efecto las derogó quitándole de esta forma el escudo protector a los asesinos. Pero tener en claro el contexto de una noticia, por trascendente que esta fuere, nos lleva a mantener el equilibrio y la equidistancia que como periodistas debemos tener frente al poder.
Y es en mi opinión esta permanencia legítima del kirchnerismo lograda en las últimas elecciones democráticas las que le darán la verdadera dimensión a su propia génesis. El kirchnerismo sigue gobernando y ahora enfrenta sin posibilidad de hacerse el distraído los problemas con violaciones de derechos humanos actuales. Y en la cancha, como se sabe, se ven los pingos.
Cristina, con poca memoria, reclama el debate
En una de sus últimas apariciones, cuando felicitó a un “obrero” de la minería que en realidad resultó ser un dirigente político del oficialismo, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner aseguró que sobre el tema “debemos darnos un debate”.
Es curiosa su afirmación. Yo creía que los debates se daban en el Congreso y no en teleconferencias armadas burdamente.
Con el Decreto 1.837 del año 2008 la misma Presidenta que en 2012 pide un debate serio por la megaminería vetó la Ley de Protección de los Glaciares que fue aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación el 22 de octubre de aquél año ¿No lo habían debatido nuestros representantes?
La Ley creaba un Inventario Nacional de Glaciares, reconociendo su importancia como reservas hídricas; y enfatizaba la necesidad de su adecuada protección, control y monitoreo. Durante el breve tiempo de su vigencia fue considerada como una ley de vanguardia en el orden internacional en relación a la protección de glaciares, siendo única en una Amércia Latina históricamente expoliada en sus recursos naturales. No había sido un proyecto del oficialismo, pero fue la oportunidad más clara que le dio la historia al kirchnerismo para diferenciarse del menemismo que la impuso. No casualmente se conoce el veto de Cristina como el “veto Barrick Gold”, por la empresa canadiense que destruye el medio ambiente con su minería a cielo abierto donde utiliza impresionantes cantidades de cianuro y otros elementos de altísima contaminación ambiental largamente comprobada.
Pagina 12 y el periodismo trucho
No creo que en el noble oficio del periodismo se pueda establecer una categoría de “militante”. Me resulta un debate absurdo. Un periodista, por definición, es impulsado por la defensa de principios filosóficos, políticos, éticos. La acepción “militante” podría ser la de quien mediante prácticas periodísticas se calza una camiseta partidaria. Hoy, “periodista militante”, por absurdo que suene, es ser “periodista oficialista”. Es en definitiva una elección personal, respetable, de quien ejerce el oficio. Pero la categoría que no debe soslayarse es la ser un periodista honesto o un periodista trucho. Este debiera ser el debate.
Ayer, 12 de febrero, recibí en mi casilla de correo electrónico una gacetilla de prensa de la Unión de Asambleas Ciudadanas donde se denunciaba el “estado de sitio minero en Andalgalá”. Allí se afirma que “por estos días el pueblo de Andangalá se encuentra sitiado por una patota pro minera que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha de este pueblo en contra de la mega minería a cielo abierto”. El comunicado detalla que “hace cinco días esta patota pro minera, avalada por los gobiernos provincial y nacional, y financiada por Bajo la Alumbrera, entre otras empresas, actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá”.
Patotas fianciadas por el capital extranjero y avaladas por el gobierno, lo más parecido a los mecanismos de terrorismo de Estado que sufrimos con sus bandas parapoliciales.
La misma información llegó a los medios, pero Página 12 publicó su crónica mencionando a “la patota prominera financiada por La Alumbrera”, sin dar señales de la referencia al aval de los gobiernos provincial y nacional denunciados. Además inició la crónica con palabras Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, quien con mucho coraje afirmó que “se debe exigir a las empresas que utilicen en la Argentina los mismos métodos que utilizan en sus países de orígenes”.
Como supongo que Mussi no es loco, concluyo que también nos trata de boludos ¿Quién debe exigir, el gobierno de la China o el que integra?
Tuvieron que repercutir en los medios nacionales estas protestas y sus violentas represiones para que se decidieran a hablar del tema. Mientras tanto nada dicen los funcionarios de la aplicación por parte de los jueces de la aberrante Ley Antiterrorista recientemente aprobada por el kirchnerismo y aplicada ya a los manifestantes anti megaminería.
El ejemplo que doy es pequeño, pero como muestra vale un botón. La lectura atenta y comparativa de diarios y sitios informativos revela que hay toda una metodología de la desinformación puesta en marcha por los medios oficialistas que, como ya advertimos en notas anteriores, no se diferencian de los medios del universo Clarín. Con precisas exepciones de ambos lados, son la misma mierda con distinto olor.
En el medio nosotros, los boludos históricos, los que creemos que el acceso al agua y la protección de sus fuentes naturales, la preservación del medio ambiente y el derecho a la información son derechos humanos que deben ser respetados por todos y tutelados por el Estado, gobierne quien gobierne.
