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Mientras tanto no mientan tanto

martes, 30 de junio de 2009

Los políticos del poder en arenas movedizas


Que los Kirchner, los Schiaretti y los Sestopal sientan que el piso es resbaladizo


El juecismo garantizó la fiscalización de los comicios, y es un avance para la sociedad. Pero ya está fracturado en varios lugares, como en La Falda, aparentemente de manera irreconciliable



Por David Buccini


Hartos de las mentiras oficiales del kirchnerismo gobernante, los ciudadanos dieron por finalizado el liderazgo de Néstor y Cristina. Una de estas mentiras trató de ubicar a quienes critican a la pareja gobernante en la vereda de la derecha campestre y golpista. De burda, la mentira cayó hecha añicos como los números de la inflación oficial.
El ex Presidente contó con un importante apoyo al inicio de su gestión. Luego del exiguo 22 % obtenido frente a Carlos Menem, y ante la imperiosa necesidad de hacer pie ante una sociedad que venía de expulsar presidentes en la crisis del 2001, Kirchner avanzó con medidas tendientes a lograr esos apoyos de la opinión pública. Así, en los primeros meses, nombró nuevos miembros que prestigiaron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anuló la ley de Obediencia Debida, y mandó proyectos al Parlamento vinculados a la Ley de Bosques, de Reforma Política, con la eliminación de las listas sábanas incluida, entre otros que se encontraban en perfecta sintonía con las demandas populares. Pero una vez que hizo pié, ayudado por los vientos favorables de la economía internacional y los precios de los granos, Kirchner comenzó a mostrar su verdadero rostro. Así, la Ley de Bosques fue aprobada recién al comienzo del mandato de Cristina, pero luego que Green Peace presionara al Congreso con la presentación de un millón de firmas. Luego, el Ejecutivo demoró un año más en reglamentarla, al día siguiente de la tragedia de Tartagal. En tanto que el proyecto de reforma política, gestado por Kirchner al calor del “que se vayan todos”, todavía espera tratamiento legislativo. Y estos son apenas dos ejemplos de la mentira kirchnerista, sin entrar a considerar los escalofriantes casos y denuncias por corrupción en empinados miembros de su Gabinete.
El ejemplo más escandaloso fue el reciente veto Presidencial a la Ley de Protección del ambiente periglaciar, que establecía la prohibición de la minería a cielo abierto con contaminantes para las fuentes acuíferas. Los especialistas lo llamaron el veto “Barrick Gold”, en referencia a la mayor empresa minera del mundo, que se apresta gracias a los Kirchner a operar en la inmensidad de Pascua Lama, un territorio binacional compartido con Chile.
Así, aquellos negocios espurios del menemismo en los 90, vinculados a las privatizaciones en condiciones calamitosas para los ciudadanos, fueron reemplazados por el negocio minero contaminante en América Latina. En aquél proceso regional, Menem hizo lo que los Kirchner en este proceso regional de negocios corruptos que atentan en este caso contra el medio ambiente. También había prometido recuperar la red ferroviaria. Pero lo que hizo fue prorrogarles las concesiones a los empresarios beneficiados por Menem, a quienes les llenó los bolsillos de millonarios subsidios.

Arenas movedizas
Es un refugio a la razón que aún la ciudadanía no consagre a ninguno de estos dirigentes truchos con una masa de votos contundente. Imaginemos que, en lugar de haber perdido el domingo último, Kirchner hubiera ganado. E imaginemos además que algunos de estos políticos pudieran consolidar un mandato con el apoyo del 50 por ciento de los argentinos. En ese caso, no tendrían las mínimas barreras que hoy se le imponen, y arrasarían con lo poco de institucionalidad que nos queda. Analizado el punto, agradezco que allí arriba, en el poder nacional, provincial o municipal, se sientan parados como en arenas movedizas. Lo más importante de estas elecciones es que ningún gobernante haga pie. Que todos sientan la incertidumbre que sentimos todos frente a las perspectivas angostas de futuro. Si ellos no hacen pié, como no lo hizo Kirchner al comienzo, entonces estarán obligados a escuchar las demandas de la sociedad y a trabajar, al menos por un tiempo, en consecuencia.
Que el piso por donde caminan quienes nos gobiernan, mientras se trate de estos decadentes exponentes de la política, desde los Kirchner, los Schiaretti o los Sestopal, se mantenga resbaladizo. Es, por ahora, nuestro único reaseguro.

Tripartito y sin dueño
Es cierto, como dice Luís Juez, que los aparatos le apuntaron y que debió pelear con mínimos recursos contra billeteras gigantes. Tan cierto como que desde el comienzo de esta olvidable campaña política no logró sintonizar con las demandas actuales de los cordobeses para asegurarse una victoria más amplia, como pintaba. Su error estratégico más importante fue tal vez no haber advertido desde qué lugar partió en esta carrera. Cuando bajaron la bandera de largada, todos los cordobeses conocían a Juez. Y todos conocían sus denuncias. Y todos sabían que le habían choreado la elección a Gobernador, como le gusta decir ¿Por qué no aprovechó los cientos de minutos en medios audiovisuales y páginas enteras en diarios y revistas para proponer un camino? Juez, mal asesorado o acaso sin el mínimo asesoramiento, sólo repitió el discurso que ya todos conocían y, al parecer, cansó a varios.
Es cierto que ahora logró fiscalizar el interior y evitar otro fraude. Por ese sólo hecho, el respeto a la voluntad popular en un sistema electoral que pide cambios y garantías a gritos, hay que agradecerle al ex intendente de Córdoba, haya uno votado a quien haya votado. Es un avance.
Pero también es cierto que su armado político dista mucho de ser el ideal para enfrentar el desafío máximo de la Gobernación y el de cada municipio. Por caso, en La Falda su lista ganó. Pero mientras tanto ya existen en el Partido Nuevo local dos sectores en apariencia irreconciliables. Ninguno de ellos garantiza un triunfo sobre Unión por Córdoba en 2011. Muchos de ellos, lo saben, no tendrían las mínimas chances para aspirar a la intendencia. El tripartidismo de la Provincia se proyecta sobre cada ciudad y pueblo, casi matemáticamente. Los peronistas, se sabe, se unirán para las próximas por su especial sentido de preservación de la especie. Así lo han hecho siempre ¿Habrá alianza entre juecistas y radicales?

martes, 16 de junio de 2009

El Paraíso de los ladrones


Otro funcionario público involucrado en un “posible fraude” con la energía eléctrica

Por David Buccini

Daniel Buonamico, secretario de Turismo y máximo responsable de la Fiesta Nacional del Tango de La Falda, se sumó a otros políticos y funcionarios del oficialismo y sus amigos del poder que con conexiones truchas roban luz de las líneas de Epec.


En las oficinas locales de la Epec, por estos meses, la cola del cajero de pago está siempre sin gente. Como se sabe, allí no se puede ir de manera directa quien registre atrasos en el pago. Por eso esa cola está libre, mientras que la sala está llena. Es que todos estamos actualizando la factura, pagando con intereses la por sí cara luz de Córdoba. Con esta evidencia, vemos que una nueva inquietud se ha sumado este duro invierno en muchos vecinos de la ciudad: que por falta de pago te corten la luz.
Lámparas de bajo consumo, desenchufá esa heladera en invierno, apagá la luz de la pieza. Miles de acciones cotidianas para no incrementar el gasto. Mientras todo esto ocurre, algunos funcionarios públicos la pasan bien, refrigerando en verano y calefaccionando en invierno sus casas con modernos split de frío y calor, echando aire en cada habitación al precio de un consumo importante por cada aparato instalado, consumo que de hecho no pagan.
La pasan bien, lo pagamos entre todos.


El caso Buonamico
Es el actual, el más reciente en hacerse público. En la vivienda particular donde vive el secretario de Turismo Daniel Buonamico el medidor de corriente que instala la Epec en cada casa figura allí a nombre de su suegro. En ese domicilio que ocupa hace años, el inspector de la empresa María Escalante, junto al policía C. Barrera, constataron y dejaron debidamente sentado la existencia de un “posible fraude”, tal el eufemismo con que la Epec denomina este tipo de hechos que precisamente ella constata.
En el “Acta de inspección por ilícitos”, reclamo 544269, realizada a ese medidor, se expresa textualmente: “Medidor de energía trifásico sin funcionar al momento de la inspección. Se detecta derivación de neutro directamente hacia el inmueble con una carga eléctrica de 4,60 amperes, lo cual produce que el medidor no registre los consumos. El neutro de entrada del medidor proviene del inmueble (neutro artificial)”.
En palabras menos técnicas, allí se constató la realización de un trabajo determinado, que lleva su planificación y un tiempo de ejecución por parte de un especialista, cuyo efecto buscado y logrado era no registrar el consumo real de energía. De esta manera, el organizador de La Fiesta Nacional del Tango, el evento más importante que realiza esta ciudad y al que más dinero público se destina, realizaba un “posible fraude” del que se benefició con dinero a costilla de quienes pagan las facturas.
¿En manos de quién está el dinero público de la ciudad?
O de otro modo ¿Puede seguir administrando los dineros públicos quien tiene esta conducta?

Dudosa política de la Epec
Tras aquello que la misma Epec constata como fraude, el involucrado puede aceptar el hecho, como ocurrió en este caso, y allanarse a pagar la multa que se le impone. Allí entonces, de manera curiosa, termina la cosa.
¿Por qué la Epec no realiza la correspondiente denuncia, toda vez que sus empleados y funcionarios tienen la obligación funcional de hacerlo ante el hecho registrado?
Por caso, muchos tendrán presente la propaganda que aparece por la tele de quienes cuentan con el servicio de televisión por cable, donde con imágenes tenebrosas recuerdan que conectarse sin pagar en un delito. Y eso que trata de un servicio de lujo si se quiere, como la Tv por cable, y no de uno esencial como el servicio de suministro de energía eléctrica.
El caso más recordado en La Falda fue el del Gran Pez Marcos Sestopal. El entonces candidato a intendente tuvo un “inconveniente” similar en la clínica de su propiedad. No tuvo, sin embargo, ninguna repercusión judicial, a pesar que una empresa del Estado califique la maniobra detectada como un ilícito, un fraude.
El del Intendente y su Secretario de Turismo no son los únicos casos. Hay otros involucrados, siempre tratándose de personas que están en el poder político o de aquellos a quienes identificamos a través del tiempo y la reiteración de los hechos como “amigos del poder”.

El paraíso de los ladrones
En el cuento de Gilbert Keit Chesterton la historia transcurre en los Apeninos italianos allá por el 1800. Una zona de montañas con semejanzas asombrosas a nuestro Valle de Punilla. En un lugar impreciso del camino de montaña, la naturaleza forjó cuevas y guaridas donde los bandoleros vivían, fuera del alcance de las leyes. La región era conocida, por estas características, como “el paraíso de los ladrones”. Sin embargo, aquellos bandoleros tenían el suficiente honor como para robar sólo a los ricos y distribuir los botines entre los pobres montañeses. Sobre el final del cuento, luego del desenlace, uno de los personajes dice que luego de la experiencia vivida allí, se va a la civilización, a las ciudades. “Es allí, querido amigo, donde está el verdadero paraíso de los ladrones”, le responde el poeta Muscari, uno de los protagonistas centrales del cuento, quien podía pasar por esos caminos sin temer que le roben: Los bandoleros sabían que los poetas no eran personas de dinero.

martes, 9 de junio de 2009

La empresa del gas quiere ahora más plata por lo que aún no hizo


El Gran Pez Sestopal y su secretario Pafundo mintieron sobre la obra del gas


Por David Buccini

De los $ 6.920.829 originales de hace dos años, que ya resultan un 53 % más caro que lo que se cobra por frentista ahora en Cruz del Eje, la Empresa Constructora quiere elevar esa cifra a nueve o diez millones de pesos.


Tal vez como una demostración más de su poca preocupación por la suerte de los vecinos en relación a la obra de red natural de gas que realizan, los representantes de la unión transitoria de empresas (Ute) conformada por Ram Construcciones S.R.L. y Combustibles Serranos S.A., han dejado de concurrir a las reuniones de mediación judicial que se siguen desarrollando en el ámbito del Ministerio de Justicia de Córdoba.
Allí participa la Municipalidad de La Falda y la Ute Constructora por una parte, y la Comisión de “Vecinos Autoconvocados por el Gas a precio justo”, conocidos en la intimidad como “los doce apóstoles”, fruto de su abnegación y apego a la causa que representan.
Como se recordará, luego del evidente desacuerdo por los costos de la obra y los exiguos plazos de pagos (en el primer cedulón era sólo de seis meses), y tras la movilización vecinal por el caso, se terminó aceptando la mediación judicial como forma de arribar a un acuerdo, resolver el conflicto y avanzar con la obra en condiciones aceptables para los vecinos. En esta instancia de negociación aún se encuentra la historia. Y con el agravante de que, como cláusula para sentarse ante los mediadores, las partes se comprometieron a no dar información al respecto.
Esta cláusula dejó huérfanos de información oficial a los vecinos, razón por la cual todo se va sabiendo pero a través de fuentes confiables que necesitan preservar la identidad.

La empresa quiere más plata
Hace unas semanas, comentando acerca del famoso subsidio que el Gobierno Nacional daría a La Falda por seis millones de pesos para terminar la obra de gas, el Asesor Letrado del Municipio, Daniel Mendelberg, aseguró que ahora, la Empresa, “quiere elevar el presupuesto original a entre nueve y diez millones de pesos”, mucho más que los $6.920.829 originales.
Esto no sólo confirma la voracidad de una empresa que, como publicáramos, hace dos años presupuestó un costo por conexión de 53 % más caro que una obra de similares características que se realiza actualmente en Cruz del Eje, sino que de aceptarse la solicitud se habrá violado el contrato a favor de la empresa y en perjuicio de los vecinos.
Cuando promediaba el conflicto por la obra, la Municipalidad entregó una carta aclaratoria a los vecinos, respondiendo a varios cuestionamientos realizados. A través del tiempo, observando esa publicación en la página oficial http://www.lafalda.gov.ar/ , se puede corroborar, rápidamente, las mentiras con las que el Gran Pez Marcos Sestopal y su secretario de Hacienda, Jorge Pafundo, intentaron confundir a los vecinos.
Respecto al aumento que ahora solicita la Empresa, podemos leer textualmente en el punto 6 de aquella nota oficial, que se va preguntando y respondiendo inquietudes:
“¿Se puede cambiar el valor de la obra?
No se puede. Está fijado por contrato que ha cumplimentado todos los pasos legales correspondientes
”.
Así de clarito.
Por si quedaran dudas al respecto, en una entrevista al Gran Pez Sestopal publicada por Ecos de Punilla el 27 de diciembre pasado, respondiendo acerca del famoso subsidio de la Nación, el Intendente afirmó: “Tenemos un convenio con la nación que establece que nos van aportar el dinero. Tenemos un `plan a´, un `plan b´ y un `plan c´, que son alternativas que nos van alcanzando. El `plan a´ es el de conseguir ese dinero y nosotros emitir los cedulones como establece el proyecto original, congelado a 2007 con las 12 cuotas. Es decir que le pagaríamos a la empresa y el vecino le deberá pagar al municipio. Esto, creo, sería la solución definitiva”.
Otra vez se reafirma la letra del contrato acerca del congelamiento del precio.
Como se puede advertir, a medio año de aquella afirmación, del famoso `plan a´ nada se sabe, que a decir del diputado peronista Arturo Miguel Heredia es el que pueden hacer los Intendentes que “no son serios ni responsables, acudiendo al bombero Nación”. Ni que hablar entonces de los anunciados `plan b´ y `plan c´, del que el Gran Pez no debe tener ni la menor idea.
En cualquier caso, está muy claro no sólo que tal cual está presupuestada la obra es onerosa, sino que además no debe permitirse el aumento insinuado por Mendelberg.
En el punto 12 del boletín oficial, para dejar a salvo toda duda, repregunta y se responde: “¿Puede la empresa constructora cobrar más de $ 6.920.829, que es el valor contratado?No puede. Por escritura pública se transfirieron créditos por este monto máximo, no actualizable, tomando como valor de cada crédito transferido el valor de contado para cada frentista”.
Fin de la discusión

Otras mentiritas oficiales
De las muchas que se pueden constatar, y que daremos cuenta en próximas ediciones, hay una que sorprende por su magnitud. Tras la acusación de los Autoconvocados en el sentido de que la famosa inversión empresarial anunciada por el Gran Pez no era cierta, ya que al comenzar el primer día de zanjeo salieron prontas las obligaciones de pago, el boletín oficial dice en el punto 11: “¿Los vecinos financian a la empresa para que construya la obra?De ninguna manera. Para la primera fecha del vencimiento de su obligación de pago la obra total estará avanzada en aproximadamente un 35 % (y para muchos frentistas concretada al 100%). Mientras los plazos para los planes ofrecidos llegan hasta fines del año 2008, la obra completa estará terminada, por obligación contractual, hacia Mayo de 2008. El recupero de los créditos cedidos a la empresa nunca puede ser anterior a la finalización y habilitación de la red”.
La obligación contractual que establecía el final total de la obra para mayo del año pasado no ha sido cumplida por la Empresa. Ni el Ejecutivo se ha encargado de hacerla cumplir.
El tiempo pasa y las mentiras oficiales van quedando al desnudo.

jueves, 4 de junio de 2009

Cada vez hay más policías y más impunidad


El ministro Carlos Caserio inauguró una Escuela de Policías en Valle Hermoso

Por David Buccini

Es una medida insuficiente para hablar de política de seguridad. La falta de asistencia a los violentos por el abuso de las drogas peligrosas y la impunidad de lo funcionarios corruptos, dos puntas del flagelo.

Cuando decidimos que la seguridad estuviera dentro del ministerio de Gobierno, en ese momento nos dispusimos a diseñar un plan para nuestros cuatro años de gobierno”, dijo el ministro del área, Carlos Caserio, cuando el mes pasado dejó inaugurada una escuela para formación de policías en Valle Hermoso.
De acuerdo a la experiencia de los últimos años, las soluciones aplicadas por el poder político no han dado el resultado esperado. La inseguridad ciudadana, en el estricto sentido del que se habla, es un dato oscuro de nuestra realidad. Y es una realidad que se ha venido agravando con el paso de los años, donde siempre se ha aplicado, por parte de los gobiernos de turno, más o menos la misma política.
Desde Macri a los Kirchner, pasando por los gobiernos provinciales, nada ha ido mucho más allá de destinar fondos públicos para la compra de más patrulleros, camionetas, motos y más armas. Una consecuencia de todo esto es, naturalmente, más policías en las calles, de lo que surge luego la imperiosa necesidad de más escuelas de formación de policías, como el caso que nos ocupa.
Lo que quiero decir, Caserio lo dice con cifras oficiales: “Iniciamos nuestra gestión con 12.800 policías, y a fin de año tendremos 19.000 efectivos, lo que va a significar un incremento del 50 % de la fuerza”, dijo en la misma Valle Hermoso que lo vio crecer, desde sus inicios como pequeño comerciante del rubro regionales, hace poco más de quince años atrás. Un ascenso admirable, aunque no del todo explicable.
Lo que omite Caserio pero se desprende de su discurso es que, de modo inversamente proporcional a más autos, armas y policías, también creció el delito en Córdoba. Y el grado de violencia en los delitos que se cometen. Y creció exponencialmente, en los últimos 15 años, al ritmo del crecimiento del negocio ilegal de las drogas y su real flagelo, el narcotráfico.
En los últimos años creció el delito y el número de policías en la calle. En una carrera a tontas, podríamos llegar a tener que necesitar un policía por cuadra de modo permanente, o por persona si lo proyectamos al grado último de la violencia social creciente. Un absurdo ¿verdad?

Políticos del corto plazo
El corto plazo parece, en lo que a soluciones de los problemas públicos se refiere, la mirada más extendida de que son capaces nuestros gobernantes.
Tan preocupados por permanecer en las cumbres del poder político, no resisten el acoso del éxito inmediato. Cualquier medida, como confiesa Caserio, es tomada en el marco de una política de Estado para apenas cuatro años, donde ninguna solución de fondo a nuestros severos problemas, como el de la inseguridad, puede solucionarse. La coyuntural medida de poner más fuerza y medios para combatir el delito ha desembocado en una evidente espiral de violencia ascendente.
Con la baja de la pobreza mejoran las condiciones sociales. Con el crecimiento de la pobreza crece el mal clima extendido donde se potencia el delito. Con menos esperanzas de futuro, sin nada de esperanzas, el delito es una salida para la subsistencia de cada vez más compatriotas. Esto es aceptado por todos los especialistas, y por las evidencias planetarias. Y el delito sigue creciendo, dato que constituye una palmaria verdad a pesar de un gobierno nacional que pregona por el lado del progresismo, y ejecuta igual que en los años 90 del menemismo: la riqueza sigue sin redistribuirse.
Hace apenas unas semanas, la Presidenta Cristina Fernández anunció un plan de seguridad. ¿Y qué ofreció? Más policías, más patrulleros y más armas. En la misma línea está Córdoba, nos lo acaba de recordar su Ministro de Gobierno.
La cantidad de efectivos crece y el delito y las mafias, también ¿Por qué? Entre otras cosas, porque todo el “esfuerzo” gubernamental va dirigido a la prevención. “Mas policías en las calles”, nos dicen. Pero son pocos, muy pocos, quienes investigan. Y cuando no hay suficiente investigación, y cuando esa investigación no es independiente del poder de turno, lo único que crece es la impunidad.
La impunidad de los que delinquen. La impunidad y la total falta de atención sanitaria de aquellos que con sus cabezas quemadas por las drogas tal vez vean la violencia de sus actos como un video juego más realista. Y la impunidad más aberrante, que es la de los delitos cometidos por personas instruidas y a veces educadas, que generan no sólo un daño concreto con su accionar, sino que dejan la huella abierta señalando el camino de éxito fácil.
En este sentido, la impunidad de los funcionarios públicos que se quedan con lo ajeno sin que por sus cabezas pase la idea de pagar por lo que se hace, ni de rendir cuentas ante una Justicia que, como informáramos en la edición anterior, sólo parece dispuesta a garantizarles la impunidad.
Hay violencia en un robo de zapatillas, cuando te meten dos balazos en la cabeza. Y hay violencia en el robo impune de los funcionarios, porque el mensaje es que da lo mismo, y la sociedad baja, poco a poco, sus brazos.
Caserio habla de seguridad y lo único que se le ocurre es meter más policías en las calles.
Cuando asuma un ministro dispuesto a defender los intereses ciudadanos, empezará por dotar de asistencia psicofísica a los necesitados. Y por instruir personal de investigaciones que también se especialice en los delitos económicos. Para esto necesitamos, antes que cualquier cosa, que haya independencia real del Poder Judicial. Mientras tanto, todo será otro versito de campaña electoral.

La impunidad se garantiza en Cosquín


El Vice Pancho Mendieta, como el concejal Pedro Agost te mandan, tranquilos, a la Justicia


Por David Buccini

De todas las denuncias contra funcionarios públicos de La Falda realizadas o derivadas a la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de María Alejandra Hillman, ninguna prosperó, ni se conocen medidas investigativas realizadas.

En la recordada primera Audiencia Pública por la licitación de los locales del complejo turístico 7 Cascadas, se produjo una fuerte discusión que vale la pena recordar para entender el concepto que manejan los gobernantes de La Falda respecto de su accionar, y la consideración que dejan traslucir acerca del Poder Judicial que debe, en última instancia, controlar sus actos de Gobierno.
El diálogo ocurrió de esta manera.
-Vecino Quique Robles: Aquí lo que se está cuestionando es si el Gobierno está haciendo el ejercicio que corresponde de ese espacio público. Y esta presencia masiva muestra que hay objecines y estamos reclamando transparencia, y no vemos una respuesta concreta.
-Viceintendente Francisco Mendieta: El concejal Kessler plantea que es ilegal y nosotros decimos que es legal. Se definirá en Cosquín y la jueza dirá si es legal o ilegal.
- Robles: Es un recurso retórico para no dar una respuesta concreta.
- Mendieta: Si todos consideran que está evacuado el tema levantamos la reunión.
Rumores de indignación ante la respuesta por parte de los presentes. Desde el fondo, un vecino expresa: No hay nada evacuado, esperamos una respuesta
- Buccini: Está muy bien lo que decís en cuanto a que esta Audiencia Pública no es vinculante. Pero no merecemos que nos digas que vayamos a la Justicia o que digamos lo que digamos van a votar 5 a 3 y aprobar el proyecto.
-Mendieta: Yo no dije eso
-Buccini: Me dijiste que vayamos a la Justicia
- M: No, yo no dije eso
-B: A dónde vamos a la Fiscal Hillman. No hay ninguna investigación de todas las denuncias que se hicieron.
-M: Yo no dije eso
-B: Lo acabás de decir. Que vayamos a Cosquín ¿A dónde? ¿Al Festival de Cosquín?
-M: Yo no dije eso
-B: Pero me acabás de decir que vaya a Cosquín, ¿A qué te refería?
-M: Si, a los Tribunales
-B: Entonces me mandaste a la Justicia. Parecés un maniático, me acabás de decir eso y lo negás.
-M: Ya una vez hablé claro con vos y si querés hablo otra vez delante de todos
-B: Hablá claro, es lo que quiero
-M: Te lo digo otra vez. Si tenés una situación personal conmigo, ya sabés dónde tenemos que charlarlo
-B: No tengo nada personal
-M: Pero no me podés tratar de loco
-B: Es que primero me mandás a la Justicia y después lo negás. Te lo pregunto respetuosamente
-M: Yo no te trato de loco ni tarado ni nada y a mí me respetás
-B: Pero me mentís en la cara. Decís que vayamos a Cosquín ¿A qué vamos a Cosquín?
-M: Pero si está todo el mundo de acuerdo que cada uno puede ir dónde quiera a denunciar
-B: Entonces me mandaste a la Justicia
-M: Sí señor
-B: ¿Y por qué me dijiste que no?
Luego del cruce elevado sobrevino un silencio y la reunión volvió a reencausarse.
El fin de la historia de la licitación por los locales del 7 Cascadas es conocido. En lugar de solicitar, como se había prometido, varios dictámenes de profesionales y entidades independientes para dilucidar si se trataba de un “servicio público” o no, eje de aquella discusión, los geniales concejales oficialistas solicitaron sólo una opinión: La de Miriam Capone, Directora de Asuntos Legales Municipales del Ministerio de Gobierno a cargo de Carlos Caserio, jefe político de ella como del Gran Pez Marcos Sestopal y de todos y cada uno de los concejales del oficialismo. Parece un chiste que fuera esa la opinión independiente que se prometió buscar. Pero no es gracioso dado el resultado concreto de la gestión.
En el fragor de aquél cruce verbal, quedó la idea flotando: La Fiscal de Instrucción María Alejandra Hillman, de Cosquín ¿Investiga las denuncias contra los funcionarios públicos que se realizan ante ella?
Por lo que veremos a continuación, parece que no.

Las denuncias caen en saco roto
El caso de las facturas truchas por diseño gráfico de afiches y otras labores, presuntamente presentadas por la empresa “Master SRL Servicios Gráficos”, que negó que fueran propias. La masacre de los 20 perros en el refugio de Pampa de Oláen, con un expediente instruido por una Comisión Investigadora del Concejo Deliberante. Aquí se denuncia ya al Secretario de Obras Públicas Ricardo Kember (el mismo cuyo hijo usa un auto en custodia municipal para salir de fiesta), por no cumplir con su obligación de asistir al Concejo luego de ser citado. La denuncia contra Mendienta por no cumplir con su deber de convocar a sesión extraordinaria durante el receso de enero por el impuestazo.
De todas estas denuncias formalmente presentadas en Cosquín, no se hizo nada. Nadie investigó ni se tomó medida alguna. La impunidad de los funcionarios municipales es total.
Y tan es así que uno de los denunciantes, el concejal Luis Kessler, ya denunció también ante el Fiscal Genaral Darío Vezzaro la inactividad de Hillman en estos casos, sin resultados a la fecha.
Por eso cuando en aquella ocasión Mendieta, y ahora el concejal Pedro Agost (como se informa en esta edición de Ecos de Punilla) te mandan a la Justicia, lo hacen con tranquilidad.
Parece que en La Falda todos saben que la impunidad está garantizada.